México y China tensan su relación por nueva reforma arancelaria
La actualización arancelaria impulsada por el Gobierno de Sheinbaum desata un diferendo con China y se inscribe en un entorno global de rivalidad comercial.
El Gobierno de México y la República Popular China han entrado en un nuevo episodio de tensión diplomática y comercial tras la aprobación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, una pieza legislativa promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma, avalada recientemente por el Congreso mexicano, modifica la estructura arancelaria del país y redefine criterios clave en materia de competencia, origen de mercancías y cargas impositivas.
El diferendo surge en un contexto internacional marcado por el resurgimiento de políticas proteccionistas, con Estados Unidos —ahora bajo la segunda administración de Donald Trump— como principal impulsor de una guerra comercial global que ha trastocado los flujos de inversión, exportación y cadenas productivas. En dicho escenario, México se encuentra ante el reto de defender su soberanía regulatoria mientras lidia con presiones simultáneas de Washington y Beijing.
Para el Gobierno chino, los cambios aprobados representan una “distorsión del comercio” que podría afectar la competitividad de sus exportaciones hacia México, mercado que considera estratégico dentro de su expansión en América Latina. Pekín sostiene que los nuevos aranceles generan barreras injustificadas y vulneran principios de trato equitativo en la relación bilateral.
Por su parte, la administración de Sheinbaum defiende la reforma como una herramienta necesaria para modernizar su política comercial y fortalecer sectores productivos nacionales ante la creciente competencia asiática. Funcionarios federales subrayan que la medida forma parte de un proceso de reordenamiento económico que busca proteger industrias sensibles, combatir prácticas de subvaloración y asegurar una competencia más justa en el mercado mexicano.
El momento de la aprobación no es casual. La mandataria ha señalado que la nueva legislación constituye un paso previo a las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programadas para el próximo año. El Gobierno mexicano busca llegar a la mesa trilateral con una estructura arancelaria alineada a sus prioridades estratégicas y con mayor margen de maniobra frente a las presiones estadounidenses, especialmente aquellas dirigidas a limitar la influencia comercial china en la región.
La administración Trump ha reiterado su intención de contener la expansión económica de China en el hemisferio occidental y, en diversas ocasiones, ha amenazado con sanciones impositivas tanto a México como a la propia China si percibe desventajas en el entorno competitivo. Este clima ha contribuido indirectamente a que México reevalúe su posición frente a Pekín y busque equilibrar sus compromisos comerciales sin comprometer su relación con Washington.
El diferendo actual abre un nuevo capítulo en la compleja arquitectura del comercio internacional, donde México intenta conciliar sus intereses nacionales con las demandas de dos potencias enfrentadas. El año siguiente, marcado por las renegociaciones del T-MEC, será determinante para configurar las prioridades del país y definir el alcance real de la reforma arancelaria recién aprobada.
