Piden cerrar plantas de Nestlé y Coca-Cola
Una campaña digital supera 210 mil firmas en nueve días y exige a las dos multinacionales frenar su extracción de agua en zonas críticas.
Una campaña ciudadana lanzada el 7 de septiembre pide el cierre temporal de plantas de Nestlé y Coca-Cola instaladas en regiones con alto estrés hídrico, hasta que ambas corporaciones implementen esquemas verificables de reúso de agua y reducción de su volumen de extracción. En menos de dos semanas, el llamado se transformó en uno de los movimientos digitales más rápidos del año en torno al tema del agua en México.
Un crecimiento que sorprendió incluso a sus organizadores
La petición, publicada en una plataforma de firmas en línea, acumuló más de 210 mil adhesiones en apenas nueve días, con participación proveniente de distintos países. Los impulsores del movimiento se plantearon como meta llegar a 300 mil firmas, una cifra que, de mantenerse el ritmo actual, podría alcanzarse en cuestión de días.
Lo que llama la atención de analistas y observadores no es solo la velocidad de la adhesión, sino el perfil de quienes firman: una proporción considerable son personas jóvenes. Sus comentarios, revisados en la propia plataforma, revelan algo más amplio que una queja puntual contra dos marcas específicas. Hablan, sobre todo, de una inquietud generacional sobre la disponibilidad futura del agua y sobre a quién se le permite usarla y en qué condiciones.
Un mapa hídrico que explica la indignación
Para entender por qué esta petición ha encontrado eco, es necesario mirar el estado de los acuíferos del país. México cuenta con 653 acuíferos reconocidos, de los cuales 157 se encuentran hoy sobreexplotados, es decir, extraen más agua de la que sus mantos pueden reponer de forma natural. Ese grupo de acuíferos en condición crítica concentra alrededor del 60% de toda el agua subterránea que se extrae en el país.
El dato se vuelve más elocuente al compararlo con el pasado reciente: en 1975, apenas 32 acuíferos estaban clasificados como sobreexplotados. El salto de 32 a 157 en cinco décadas ilustra una presión sostenida sobre las reservas subterráneas, impulsada por el crecimiento urbano, la agricultura intensiva y la actividad industrial, entre la que se incluye la producción de bebidas embotelladas.
El agua bajo revisión: una ley y medio millón de concesiones
El momento de la petición no es casual. Coincide con la puesta en marcha de la nueva Ley General de Aguas, una reforma que abrió un proceso de revisión sobre más de 536 mil títulos de concesión otorgados en distintas épocas para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el país.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que, dentro del universo de concesiones que están siendo examinadas, se encuentran títulos correspondientes a Nestlé y a Coca-Cola. La confirmación oficial ha funcionado como un catalizador adicional para la campaña: para muchos firmantes, se trata de la primera señal concreta de que el uso industrial del agua por parte de estas compañías podría quedar sujeto a un escrutinio real, y no solo a la crítica pública.
La versión de las empresas
Ambas corporaciones han respondido a los cuestionamientos con argumentos similares. Sostienen que, a lo largo de los últimos años, han reducido la cantidad de agua utilizada por cada litro de producto embotellado, un indicador de eficiencia que suelen presentar en sus reportes de sostenibilidad. Además, insisten en que operan bajo concesiones legalmente otorgadas por la autoridad competente, es decir, que su actividad se ajusta al marco regulatorio vigente hasta este momento.
Esa defensa, sin embargo, no ha logrado frenar el avance de la petición. Parte del reclamo ciudadano no cuestiona únicamente la legalidad de las concesiones, sino su pertinencia en un contexto de acuíferos sobreexplotados: la pregunta de fondo es si una concesión otorgada hace años, bajo condiciones hidrológicas distintas, sigue siendo sostenible hoy.
Lo que viene
Con la revisión de concesiones ya en marcha y una campaña que se acerca a su meta de firmas, el caso de Nestlé y Coca-Cola en México se perfila como una prueba de fondo para la nueva legislación en materia de aguas: mostrará si el Estado está dispuesto a modificar o condicionar concesiones industriales en zonas de riesgo hídrico, y qué tanto peso puede tener la presión ciudadana digital sobre decisiones que, hasta ahora, se habían resuelto en despachos administrativos.
