Red de contrataciones opacas en el INE acumula 27 años de control
Investigación gubernamental alinea a exfuncionarios del CISEN y duopolios en contrataciones electorales millonarias.
De las oficinas de inteligencia a la hegemonía del papel electoral
Durante más de dos décadas y media, los mecanismos de adquisición en los organismos de la gestión electoral en México han operado bajo esquemas de baja concurrencia. De acuerdo con datos expuestos en Palacio Nacional por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una estructura integrada por firmas comerciales vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas ha concentrado adjudicaciones multimillonarias en la elaboración de insumos para comicios.
El origen de este entramado institucional no es reciente. Se remonta a finales de la década de 1980 en dependencias federales como el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), bajo el cobijo operativo de mandos de esa época como Juan Carlos Padilla Aguilar. Con la transición hacia la autonomía del arbitraje electoral en los noventa, estos actores abandonaron el servicio público para constituirse en proveedores privados del material utilizado en las urnas.
La consolidación de la intermediación y el control centralizado
El modelo de negocios se afianzó a finales del siglo XX con firmas como Cartonera Plástica y se extendió progresivamente al ámbito subnacional. Tras la reforma constitucional de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) asumió la facultad de designar a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2023, bajo la gestión previa del órgano electoral federal, la red empresarial obtuvo contratos que superaron los 2,000 millones de pesos en al menos 23 entidades federativas.
Las indagaciones señalan que las empresas participantes operaban como un bloque coordinado en las licitaciones públicas, utilizando criterios de precio para asegurar las asignaciones sin una verdadera competencia técnica. En diversos casos, las razones sociales actuaban como intermediarias y no como fabricantes directos del material, transfiriendo los fondos hacia múltiples subcapas financieras.
Medidas cautelares, inmovilización de cuentas y ruta legal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a 25 personas físicas y 15 personas morales conectadas con el flujo de estos recursos. Las anomalías detectadas contemplan dispersiones de capital hacia cuentas de terceros sin actividad comercial justificada, triangulaciones financieras y domicilios fiscales coincidentes, patrones usualmente asociados al uso de empresas fachada.
El Poder Ejecutivo Federal adelantó que se alista un acuerdo normativo para fortalecer las capacidades operativas de Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado que produce el material comicial con mayor rigor de seguridad. Asimismo, se prevé la inclusión de instituciones académicas en su gobernanza para normar y fiscalizar los procesos de contratación, buscando erradicar la intermediación en las contiendas electorales futuras.
